Aliadas expresa su preocupación por las señales crecientes de intervención en política y por la realización de actos que, aunque se presentan como reuniones privadas o internas, pueden reunir características propias de actividades públicas de campaña.

En un Estado de derecho, las reglas electorales no se interpretan por el nombre que se le da a un evento, sino por sus hechos: finalidad, convocatoria, acceso, símbolos, mensajes, logística, tarima, publicidad y capacidad de incidir en el debate electoral. Un acto no se vuelve privado únicamente por realizarse en un predio privado, ni deja de tener connotación política por llamarse “reunión”.

La legislación colombiana establece límites claros a la participación en política de los servidores públicos y a las actividades de campaña, precisamente para proteger la igualdad entre candidatos, la neutralidad del Estado y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Por eso, Aliadas hace un llamado respetuoso, pero firme a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a las demás autoridades competentes para que actúen con oportunidad, rigor e independencia frente a cualquier posible irregularidad.

La democracia se debilita cuando las reglas no se cumplen. Colombia necesita garantías iguales para todos y procesos electorales libres de cualquier ventaja indebida.

Colombia, el propósito que nos une.