El estudio reúne 30 propuestas, desde “mangos bajitos” de rápida ejecución hasta reformas que requieren ley, recursos y construcción institucional, organizadas en una hoja de ruta para avanzar con el Gobierno según prioridades, viabilidad y capacidad de ejecución. 

Bogotá, Colombia – 08 de septiembre de 2026 

Aliadas trabaja para contribuir a que más personas y empresas puedan trabajar, producir y crecer dentro de la formalidad, como una condición para fortalecer la productividad, la protección social y las oportunidades en Colombia. En ese propósito, presentó hoy una hoja de ruta para enfrentar uno de los mayores desafíos económicos y sociales del país. “Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas”, estudio elaborado con el respaldo académico de la Universidad del Rosario, fue presentado ante el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, en un encuentro que reunió también a congresistas, empresarios, gremios y líderes de opinión. 

Esta propuesta comenzó a construirse antes del terremoto, ante la necesidad de reactivar la economía y fortalecer el empleo formal. Hoy cobra aún más relevancia: reconstruir y reactivar son desafíos distintos, pero complementarios. Una mayor formalidad contribuye a ambos objetivos al proteger a más trabajadores, fortalecer las empresas, recuperar capacidad productiva y ampliar la base que sostiene la protección social, creando mejores condiciones para que la recuperación se traduzca en crecimiento y bienestar duraderos. 

Más que un nuevo diagnóstico, Aliadas pone a disposición del país una herramienta de decisión y caminos de solución: un análisis que identifica dónde están las principales barreras, cuáles poblaciones requieren rutas diferenciadas, qué propuestas pueden activarse primero, por qué vehículo jurídico deben tramitarse y cómo medir sus resultados. 

Más empleo, pero todavía demasiada informalidad 

Colombia ha registrado avances en el mercado laboral: en julio de 2026, el desempleo nacional fue de 8,1%, frente a 8,8% un año atrás. Sin embargo, el desafío de la calidad del empleo permanece. En el trimestre abril-junio de 2026, 54,5% de los ocupados estaba en la informalidad; en los centros poblados y el rural disperso, la proporción alcanzó 83,2%. En las 13 principales ciudades fue de 40,7%. 

Estas cifras confirman que crear ocupación no es suficiente. El verdadero reto es lograr que el trabajo permita construir protección, experiencia verificable, productividad y mejores oportunidades a lo largo de la vida. 

El hallazgo que cambia la conversación 

La propuesta parte de una premisa central: la informalidad es un mismo fenómeno, pero debe analizarse desde cinco dimensiones distintas: cotización y sostenibilidad fiscal; cumplimiento de la ley; protección y bienestar; productividad y escala empresarial; y trazabilidad. Reducir una de ellas no necesariamente mejora las demás. Por eso, una política basada en una sola cifra, una sola sanción o una única norma termina dejando por fuera realidades muy distintas del mercado laboral. 

A partir de esta mirada, el análisis desmonta siete mitos que obligan a actuar de manera diferente y dan origen a 30 propuestas organizadas según su impacto, viabilidad jurídica, necesidades fiscales y tiempos de ejecución. 

• El mayor desafío no está solo en el asalariado sin seguridad social. La informalidad es de 25,4% entre asalariados, 82,4% entre independientes y 94% entre trabajadores rurales no asalariados. La respuesta debe combinar control donde corresponde con reglas adaptadas a la realidad del trabajo independiente y rural. 

• La formalidad no cuesta igual para todos. Cumplir pesa más sobre quien tiene menos escala y menor ingreso. Por eso se proponen cotizaciones proporcionales, esquemas simplificados y mecanismos que reduzcan las barreras de entrada para microempresas e independientes. 

• Formalizarse no genera el mismo incentivo para todos. Para el asalariado representa mayores beneficios y protección; para muchos independientes, la baja probabilidad de alcanzar una pensión debilita el incentivo. La solución pasa por hacer que aportar sea proporcional y que la protección sea visible y alcanzable. 

• No todos los informales son pobres. La informalidad atraviesa distintos niveles de ingreso, por lo que la política debe combinar apoyo focalizado, incentivos y capacidad de verificación según la realidad de cada trabajador. 

• La informalidad no es un estado transitorio. Tiene una persistencia estimada de 75% y, para un trabajador por cuenta propia, la probabilidad de pasar a un empleo asalariado formal es de apenas 3%. De ahí la importancia de la certificación de competencias, la hoja de vida verificable y los mecanismos que faciliten las transiciones laborales. 

• El tamaño de la empresa sí importa. La informalidad alcanza 84,5% en las microempresas y cae a 2,1% en las grandes. Formalizar también exige productividad, crédito, tecnología, acceso a mercados y reglas simples que permitan crecer. 

• La digitalización no compite con la formalización; puede acelerarla. La factura electrónica, los pagos digitales y las plataformas crean trazabilidad, facilitan la verificación de ingresos y abren acceso a nuevos mercados. 

El resultado es un cambio de enfoque: no tratar a todos igual, sino abrir caminos distintos hacia una misma meta de formalidad, con propuestas que van desde medidas de rápida ejecución hasta reformas legales, fiscales e institucionales de mayor alcance. 

De los hallazgos a los caminos hacia la formalidad 

La hoja de ruta no propone aplicar la misma fórmula a todos. Organiza soluciones diferenciadas para independientes, microempresas, trabajadores rurales, jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores. 

Entre las propuestas priorizadas se encuentran: 

• Permitir aportes proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado; 

• Crear una hoja de vida verificable para el trabajador independiente; 

• Ampliar la certificación rápida de competencias; 

• Preservar el carácter educativo del contrato de aprendizaje; 

• Crear un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social; 

• Diseñar bonos fiscales diferidos para pequeñas empresas; 

• Promover productividad, acceso al crédito, inteligencia artificial y digitalización; 

• Registrar jornadas y garantizar protección frente a riesgos laborales en el campo; 

• Establecer una metodología más técnica y previsible para el salario mínimo; 

• Fortalecer la protección al cesante y las transiciones al empleo formal; 

• Facilitar la permanencia laboral y el retiro gradual de los trabajadores mayores. 

Cada propuesta responde a cuatro preguntas esenciales: qué debe cambiar, por qué vía se implementa, quién es responsable y en cuánto tiempo puede mostrar resultados. De esta manera, el documento deja de ser una lista de aspiraciones y se convierte en una arquitectura de política pública. 

¿Qué puede comenzar rápidamente? 

Aliadas no plantea que la informalidad pueda resolverse en tres meses. Propone acciones de rápida ejecución o “mangos bajitos” que permitan mostrar el rumbo, activar pilotos y, a mediano plazo, dejar encaminadas las reformas de fondo. 

“La informalidad no se reduce con una sola ley ni aplicando la misma obligación a realidades distintas. Esta hoja de ruta muestra por dónde empezar, qué puede activarse rápidamente, qué requiere una reforma y cómo evaluar si está funcionando. Colombia necesita pasar de medir el problema a tomar decisiones”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas. 

Una herramienta para la reactivación y la cooperación 

La propuesta se presenta en un momento en el que Colombia necesita avanzar simultáneamente en la reconstrucción y en la reactivación económica. Son desafíos 

distintos, pero complementarios: la reconstrucción responde a la emergencia; la reactivación exige recuperar inversión, actividad productiva, empleo y confianza. 

Ampliar la formalidad puede contribuir a ambos propósitos: protege a más trabajadores, fortalece la productividad de las empresas, amplía la base de aportantes y permite que el crecimiento se traduzca en oportunidades sostenibles para las familias. El vicepresidente agradeció a Aliadas y al sector productivo por sus propuestas económicas, reconociendo su valiosa labor. “Porque esto está íntimamente ligado al propósito de la construcción de una patria milagro. No hay una patria milagro donde no haya caminos en materia de formalización”. Además, mencionó la hoja de ruta para el país: «una ruta de crecimiento con calidad y aumento en productividad» que garantice empleo estable. También, enfatizó la necesidad de articulación entre todos los sectores: «Para ese propósito es que estamos aquí reunidos, para encontrar que trabajando juntos seremos capaces de dar una respuesta a esta problemática». 

Como siguiente paso, Aliadas propuso crear una mesa técnica de trabajo con el Gobierno, el Congreso y los actores pertinentes para priorizar las medidas, estructurar pilotos, precisar los vehículos jurídicos, acordar indicadores y convertir las recomendaciones en decisiones ejecutables. Durante el evento, la Ministra de Trabajo se comprometió a convocar, la semana que viene, las mesas e iniciar un trabajo en conjunto. 

El propósito no es entregar un documento y cerrar la conversación. Es poner a disposición del país un insumo de trabajo para construir una política de formalización basada en evidencia, capaz de producir resultados medibles y de mantenerse más allá de un período de gobierno. 

“No hay una sola receta para reducir la informalidad. Hay que abrir caminos diferentes para que trabajar, producir y cumplir dentro de la formalidad sea realmente posible. El siguiente paso es sentarnos a trabajar: priorizar medidas, poner en marcha pilotos y avanzar hacia su implementación”, señaló María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas 

Colombia, el propósito que nos une.