Desde Aliadas, la alianza de asociaciones y gremios, hacemos un llamado a la calma y al cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo para 2026 en el marco del Estado de Derecho, en tanto se trata de una providencia judicial que debe ser respetada y acatada por todos los actores.
Es fundamental esperar y permitir que operen los mecanismos institucionales previstos en la ley para la fijación del salario mínimo. Colombia cuenta con instancias técnicas y tripartitas diseñadas precisamente para que estas decisiones se adopten con sustento en criterios económicos objetivos y dentro del marco constitucional, orientado a “lograr la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo.
Desde Aliadas compartimos el criterio del Consejo de Estado cuando señala:
“Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, de la manera establecida en la parte motiva de esta decisión. A saber: meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026; productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE; contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025; incremento del producto interno bruto del año 2025 inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025; la especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.”
Esta coyuntura debe asumirse como una oportunidad para que las decisiones se adopten con plena sujeción a la ley, y reafirmar el rigor técnico, la transparencia, la seguridad jurídica y estabilidad económica.
Colombia, el propósito que nos une.
