Colombia enfrenta hoy un momento crucial. El presidente de la República ha anunciado su intención de convocar una consulta popular por decreto, a pesar de que esta fue rechazada por el Senado, conforme al procedimiento constitucional vigente. Esa decisión es legítima, válida y debe ser acatada. Ignorarla compromete la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de derecho.  Cualquier intento de eludir lo decidido por el Congreso representa una vulneración al orden constitucional. El principio democrático exige que las reglas se respeten, incluso cuando las decisiones no sean compartidas. Nadie está por encima de la Constitución: Ni las instituciones, ni los funcionarios, ni los poderes del Estado.

A esto se suma una grave preocupación: Se pretende convocar una consulta nacional en un contexto de déficit fiscal severo, cuando millones de colombianos reclaman soluciones urgentes en salud, educación, empleo y seguridad. Destinar recursos públicos a una propuesta que ya fue rechazada institucionalmente contradice las prioridades del país.

Desde Aliadas gremio de gremios, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y el respeto por el orden constitucional. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a actuar con celeridad, en el marco de sus funciones constitucionales y legales:

• Corte Constitucional, encargada del control de constitucionalidad.
• Consejo de Estado, juez supremo de lo contencioso administrativo.
• Registraduría Nacional, responsable de organizar los mecanismos de participación.
• Procuraduría General de la Nación, garante de la vigilancia de la conducta oficial.
• Contraloría General de la República, encargada del control fiscal sobre los recursos públicos.

Colombia solo podrá avanzar si todas las decisiones se adoptan dentro del marco constitucional, con diálogo, corresponsabilidad y pleno respeto institucional. Las reformas legítimas deben construirse con la ley, no al margen de ella.

Defender la democracia, la independencia de poderes y el Estado de Derecho es un deber de todos los colombianos: Ciudadanía, líderes sociales, empresarios, trabajadores e instituciones. La protección de la Constitución no es una opción ni una invitación; es una responsabilidad colectiva de alzar nuestras voces con firmeza, dentro del marco legal, sin confrontación, pero con profundo compromiso democrático.

En Colombia, el futuro no se impone por decreto: Se construye con la Constitución como base común.

Colombia, el propósito que nos une.